Los socios del Gobierno de coalición han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos de 2022 tras pactar una ley de vivienda que permitirá limitar los precios del alquiler, como exigían el partido morado. El proyecto de presupuestos se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.
Las posturas de PSOE y Unidas Podemos se mostraban alejadas -ayer los socialistas avisaban de que en un Gobierno se debate, pero no se hacen ultimátums- pero finalmente han logrado, en el tiempo prometido por Pedro Sánchez -finales de septiembre o inicios de octubre- aunque fuera del plazo normativo, que finalizaba el pasado mes.
El objetivo que ahora tiene el Gobierno, en minoría, es recabar en el Congreso de los Diputados el respaldo suficiente para que las cuentas públicas estén aprobadas antes de fin de año.
La fórmula que ha facilitado el consenso es el establecimiento de un tope en el precio del alquiler a los grandes tenedores de vivienda (los que posean más de diez) y dejar al margen por el momento a los pequeños propietarios.
Una posición a medio camino entre lo que quería Podemos (que el límite a las rentas llegase a todos los arrendadores) y lo que deseaba el PSOE, contrario inicialmente a intervenir en los precios.
La ley de vivienda se aprobará en el Consejo de Ministros en "las próximas semanas". Será la primera en democracia y tiene como objetivo "contener" e incluso "reducir" los precios del alquiler.
Sánchez ha anunciado además en Sevilla la creación de un bono vivienda de 250 euros al menos para jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas anuales inferiores a 23.725 euros, con el objetivo de facilitar la emancipación.
El acuerdo de presupuestos incluye además un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, otra de las exigencias que han mantenido en la negociación los ministros morados, liderados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este tipo mínimo busca "adaptarse al consenso internacional", según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
El tipo mínimo de tributación para las empresas sigue la propuesta global del presidente estadounidense, Joe Biden, y hasta ahora los socialistas preferían llegar a un acuerdo internacional en la Cumbre de Roma del G20 en octubre.
Además, el proyecto de Presupuestos incorporará la segunda anualidad de fondos europeos por 25.000 millones e incluirá además un incremento del 2% en el salario de los funcionarios.
El Gobierno ha defendido, en boca de su ministro de Presidencia, que los presupuestos son "absolutamente imprescindibles" para alcanzar una recuperación "justa" tras los efectos negativos de la pandemia.
Ambos socios de Gobierno han buscado tras el acuerdo normalizar la negociación de las últimas semanas, donde las discrepancias han sido aireadas en público. Según Bolaños, se ha dialogado de forma "intensa" y de "manera natural" han logrado un acuerdo. Para Díaz queda demostrado que "la coalición goza de muy buena salud".
Ante el siguiente paso, pactar las cuentas en el parlamento, los aliados parlamentarios del Gobierno han recordado este martes que son imprescindibles.
Así lo ha apuntado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha sido crítico con Unidas Podemos, de quienes ha dicho que les ven como "hermanos pequeños o primos lejanos" y que siempre van detrás, pero "no siempre es así" y con el PSOE, al que ve "demasiado tranquilo". Ha advertido el portavoz de ERC que no todo se soluciona con una "negociación relámpago" y que su voto "se suda". ERC pide avances en la ley audiovisual o en la de memoria democrática, donde han presentado enmienda a la totalidad.
"No ponemos líneas rojas, pero tampoco damos cheques en blanco", ha avisado el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, que en Radio Euskadi ha dicho que si el Gobierno es el "más progresista de la historia debe demostrarlo con avances en derechos sociales y económicos" y ha pedido que se derogue ya la reforma laboral. Más País pide también contenido progresista y verde.
En la oposición, el acuerdo de presupuestos ha despertado el rechazo del PP, crítico tanto con la reforma fiscal como con la ley de vivienda. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, considera la limitación del precio del alquiler es un "ataque sin precedentes a la propiedad privada".
En una línea similar se ha pronunciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que denuncia una "distorsión brutal" de la libertad y del derecho a la propiedad por inferir "directamente contra la propiedad privada" y afectar "a la gente que ahorra, que tiene propiedades".
