viernes. 29.03.2024

El Gobierno se ha comprometido a rebajar el precio de la luz, el gas y la gasolina el próximo 29 de marzo con la aprobación de un decreto ley que incluirá medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania, un plan que quiere consensuar con los partidos políticos y los agentes sociales.

 

El Ejecutivo se ha reunido este miércoles con PP, Ciudadanos y PNV y se prevé que continúe en los próximos días con el resto de partidos y los agentes sociales, si bien los sindicatos no han esperado y han anunciado movilizaciones para el 23 de marzo para presionar de cara a la reunión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo que decidirá medidas conjuntas de contención de los precios de la energía.

 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que se tomarán medidas al margen de lo que ocurra en esa cumbre y que se estudian diferentes "alternativas" para tratar de bajar los precios de la energía.

 

"Es un momento para la unidad, el único enemigo es Putin y la guerra salvaje que ha provocado. Hacemos un llamamiento al PP y al resto de grupos para que con unidad respondamos desde el Congreso a esta emergencia. Esa unidad se tiene que traducir en respaldar la posición de España en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo y en respaldar el decreto ley con todas las medidas del 29", ha precisado.

 

"Vamos a trabajar para que el consenso incluya a los socios de la UE, y si no lo hay el Gobierno igualmente tomará medidas. Estamos barajando diferentes fórmulas, desde ayudas de Estado, fiscales, topar precios o (establecer) un precio único de la energía de manera que se pueda abaratar", ha explicado.

 

Tras la reunión del Gobierno con el PP, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reprochado al Ejecutivo que no haya concretado las medidas fiscales para abaratar los precios de la energía y los carburantes y que no se adopten de forma inmediata, y ha reclamado rebajas en el IVA, el IRPF y aplazar o desechar los planes para subir impuestos.

 

Además, el PP ha pedido al Gobierno que las iniciativas planteadas para subir impuestos se aplacen o se desechen y que no se suban las cotizaciones hasta que se recupere el producto interior bruto previo a la pandemia.

 

Posteriormente, el Gobierno se ha reunido con Ciudadanos, que también le ha pedido rapidez y concreción a la hora de aprobar medidas para contrarrestar la subida de precios provocada por la guerra de Ucrania, y ha vinculado esa "tibieza" con el "miedo" a enfadar a sus socios de Podemos.

 

La propuesta de Cs pasa por ajustar el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) a la inflación, rebajar los impuestos a los carburantes, mantener el IVA reducido en el precio de la electricidad durante todo el 2022 y adoptar "soluciones a medio plazo" en materia de energía como alargar la vida útil de las centrales nucleares o mejorar las interconexiones con Europa.

 

Por su parte, Podemos ha planteado sus propias medidas, entre ellas, la congelación de los alquileres durante 2022, un cheque energético de 300 euros para las familias, ampliar el bono social eléctrico, aumentar los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) y limitar los beneficios de las compañías eléctricas.

 

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha acusado a algunos de los principales grupos de la oposición de no plantear soluciones a los problemas derivados de la guerra en Ucrania más allá de bajar impuestos, y ha defendido que ya se han tomado medidas en este sentido.

 

En el mismo sentido, los sindicatos han manifestado al Gobierno su rechazo a una bajada fiscal generalizada, porque "sería una trampa y no arreglaría nada" y han pedido medidas para contener el precio de la electricidad, por ejemplo, atajando los "beneficios injustificados de las eléctricas".

 

Como medida de presión, ambos sindicatos junto a otras asociaciones, han convocado movilizaciones el próximo 23 de marzo, un día antes del Consejo Europeo que, han confiado, "autorice a los estados a levantar las normas que impiden el control de los precios, sobre todo, en materia de energía, permitiendo desvincular el precio de la electricidad del precio del gas".

 

Entre las medidas reclamadas al Gobierno, han explicado, "se puede intervenir los beneficios de las energéticas", ampliar el "escudo social" o desacoplar el IPC de las rentas de los alquileres.

 

"Una cosa es que se puedan tomar medidas temporales sobre el IVA superreducido, impuestos a la electricidad o determinados impuestos en los hidrocarburos", han dicho, pero "no se trata de salvaguardar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para reducir la inversión en escuela infantil o en permisos de maternidad". EFECOM

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