El derecho es una rama enorme. Dentro de ella, encontramos muchos tipos de derechos diferentes, desde el derecho administrativo hasta el penal, pasando por el procesal, el tributario o incluso el laboral. Sin embargo, hay una rama en concreto que hace que muchos abogados y economistas se conviertan en aliados indispensables de las empresas, o más bien, de las sociedades. Sí, estamos hablando del derecho societario, el que acoge a toda asociación que quiera actuar de forma legal.
Es una de muchas ramas que existen dentro del mundo del derecho, y además una de las más necesarias. Aunque es bastante antiguo, bien es cierto que ha ido evolucionando con el paso de los años debido a cambios en la ley y el establecimiento de decretos. Sea como fuere, y pase el tiempo que pase, su presencia es indiscutible a ojos de cualquier sociedad, y para entender mejor su alcance y las consecuencias que puede llegar a tener, vamos a explicar qué es y todo lo que se debe saber del derecho de sociedades.
Qué es el derecho societario
El derecho societario es la rama del derecho privado que se encarga del empresario social, o lo que es lo mismo, de la sociedad. En su paraguas se resguardan términos como el derecho de las sociedades mercantiles, también el derecho de las sociedades comerciales o incluso el derecho empresarial. Todo queda dentro de esta rama que se centra en la figura de las empresas y toda la legislación que las rodea.
Cabe mencionar que existen dos tipos de sociedades, las civiles y mercantiles. Ambas se acogen a diferentes normas reguladoras, sin embargo, el derecho societario abarca las dos. Toda sociedad es una figura jurídica que está sujeta tanto a normas jurídicas como a derechos, siendo la que ostenta todas las responsabilidades, en lugar de sus socios. Así pues, el derecho que hemos definido se centra precisamente en esa figura.
Una sociedad puede ser limitada (SL), anónima (SA), laboral, cooperativa o mixa (también conocida como comanditaria). Cada una de ellas define el perfil de sus socios de una forma diferente en cuanto a capital, participación y gestión; pero todas quedan cubiertas por el derecho societario.
Por otra parte, en nuestro país, el derecho de sociedad se encuentra regulado por varios cuerpos legales. El código civil de 1989, el Código de Comercio de 1885 y el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio (que aprueba la Ley de Sociedades de Capital) son los responsables de establecer la normativa que estudia esta rama del derecho. También cabe añadir el Estatuo de la Sociedad Europea aprobado en octubre de 2001, una legislación muy concreta para formas societarias que son menos habituales.
Qué regula el derecho societario
El derecho societario regula todas las situaciones que afecten a los contratos asociativos y a las sociedades. Controla y define todo el conjunto jurídico que abarca la vida de una sociedad mercantil. Es el responsable de controlar los pasos que se deben seguir para poder constituir una sociedad completamente legal, los contratos que se pueden firmar con otras sociedades, las responsabilidades de los socios de la sociedad e incluso los requisitos que hacen falta para poder disolver una sociedad y cerrar una empresa en caso de ser necesario.
Como ya se puede intuir, este derecho regula absolutamente todo lo que define a una empresa o sociedad. Por eso, la figura de los abogados societarios, o abogados especialistas en sociedades, resulta imprescindible para cualquier negocio. Estos profesionales deben estar presentes a la hora de llevar a cabo cualquier procedimiento que implique seguir las normativas legales vigentes.
De hecho, los abogados suelen y deben participar en las reuniones de accionistas en caso de haberlos, deben ser partícipes de las reformas estatutarias, así como de reducción o aumento de capital social. También pueden actuar en representación de los administradores y/o socios de la empresa o encargarse de analizar los libros contables y societarios. Toda la documentación contable y los balances de la compañía deben pasar por sus manos para garantizar que se actúa siempre bajo lo que dicta la ley.
En definitiva, el derecho societario forma parte de toda la actividad de una empresa o sociedad. Regula toda la actividad de una sociedad, estableciendo las normas jurídicas que deben aplicarse en todo momento. Sus especialistas, los abogados societarios son indispensables en toda organización, sea de menor o mayor tamaño, ya que garantizan actuar siempre según las leyes y normativas actuales para evitar posibles sanciones o pasos en falso que pueda repercutir negativamente en el desarrollo y crecimiento de la sociedad, o incluso en su mantenimiento.
Cuándo se aplica
Como ya hemos adelantado anteriormente, el derecho societario se aplica en prácticamente todo procedimiento que implique actividad en una sociedad. Regula todas sus acciones, comprobando que siempre están dentro de los márgenes legales. Sin embargo, es especialmente necesario en determinados procesos clave dentro de cualquier sociedad, sea más o menos común esta.
Por ejemplo, cuando una sociedad altera su topología para adoptar otra, el modelo al que se acoge queda establecido precisamente por la ley de sociedades. Convertir una sociedad limitada en una anónima, por ejemplo, exige cumplir ciertas características y seguir ciertos pasos en los que es fundamental tener especialistas en derecho de sociedades implicados. Por otra parte, si lo que se desea es fusionar dos sociedades o más para dar como resultado una sola, también se aplica.
También está implicado en cualquier proceso de disolución o escisión. Es decir, en el caso de que una sociedad decida dejar de existir a petición de sus socios, el derecho ha de aplicarse para seguir los pasos adecuados. Lo mismo podemos decir en el caso de la escisión, cuando parte del capital de una sociedad va destinada a crear otra u otras sociedades con el fin de aumentar el patrimonio de una que ya existe.
Todos estos son escenarios y procesos bastante habituales en el ámbito societario. Debemos insistir en que una sociedad debe siempre contar con el asesoramiento de abogados de derecho de sociedades para evitar problemas legales que deriven en sanciones que puedan poner en riesgo su actividad.
