lunes. 15.08.2022
CONSELL DE GOVERN

Plan de choque económico y social para Baleares ante la crisis de la Guerra de Ucrania

El Govern agiliza el pago de ayudas e incorpora un paquete de rebajas fiscales además de favorecer las instalaciones de energías renovables


El Consell de Govern ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria, el Decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra iniciada a partir de la invasión de Rusia en Ucrania, dentro del plan de choque de las Islas Baleares que complementa las medidas del Gobierno de España.


De manera transversal, el Govern agiliza la concesión de subvenciones públicas al simplificar y reducir los plazos de sus tramitaciones hasta el alrededor de los 15 días para facilitar la eficacia de las líneas de ayudas de las administraciones de las Islas Baleares a todos los sectores destinatarios de las ayudas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania, tal como ya se hizo para agilizar las subvenciones para hacer frente a la COVID-19.

 


Dentro de las medidas sociales complementarias impulsadas por el Govern de las Islas Baleares para paliar las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania en la población más vulnerable, el decreto hoy aprobado establece tres líneas concretas impulsadas desde la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.

 

En primer lugar, se aumenta en un 15% el importe de la Renta Social Garantizada durante tres meses. Se destinará una partida extraordinaria de 1,1 millones de euros, que beneficiará a 4.400 familias. Por ejemplo, durante estos tres meses, una persona sola que recibe la Renta Social pasará de 491 euros a 565,74 euros más; un adulto y un menor, de 747 a 859,11 euros más; y dos adultos y dos menores, de 934 euros a 1.074,14 euros más.

Así mismo, se habilitará una partida extraordinaria a las entidades sociales por ayudas destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad económica que no pueden hacerse cargo de las facturas de luz y gas.

 

En tercer lugar, se ampliará la partida a las entidades sociales que se encargan del reparto de alimentos para que no haya problemas de abastecimiento a las familias a las que prestan el servicio.

 


El Decreto también incluye las nuevas deducciones del IRPF para paliar los efectos de la guerra en Ucrania sobre las personas, las cuales serán aplicables en el ejercicio fiscal 2022.


Así, se establece una deducción por acogida de personas desplazadas desde Ucrania de hasta 600 euros por contribuyente y de 150 euros por persona acogida, siempre que el periodo de acogida sea superior a tres meses y no se trate de familiares de hasta segundo grado; y otra deducción, de hasta 150 euros, del 50% del valor de las donaciones a entidades sin finalidades lucrativas que se destinen a actividades y programas para paliar los efectos sobre las personas generados por la invasión rusa en Ucrania.

 

El decreto, para atender la situación de emergencia humanitaria, posibilita la convocatoria de ayudas económicas de emergencia destinadas a las personas afectadas por el conflicto así como para entidades sociales que ofrecen acogida en espacios de alojamiento colectivo.

 

Por otro lado, para facilitar el acceso al transporte público, desde el Consorcio de Transportes de Mallorca, las personas desplazadas de zonas de conflicto, residentes en la isla, tendrán derecho a viajar gratuitamente en la red de servicios regulares de transporte interurbano por carretera y tren de Mallorca, previa expedición de la tarjeta intermodal e inscripción en el sistema. Todos los refugiados tendrán esta opción mientras sean considerados como tales.

 


El Decreto Ley incorpora un paquete de medidas fiscales destinadas a paliar los efectos de la crisis energética sobre las personas y varios sectores empresariales más afectados, así como también para hacer frente a las consecuencias de la emergencia humanitaria creada por la invasión militar de Rusia en Ucrania que ha provocado una afluencia masiva de personas afectadas por el conflicto y su acogida a otros países. También incluye un gravamen reducido para favorecer la adquisición de vehículos eléctricos y hídridos, dentro de las medidas en el ámbito energético.

Dentro de las medidas tributarias, el Decreto Ley actualiza e incrementa los límites de renta para poder beneficiarse de las deducciones autonómicas del IRPF. Así, se aumentan en un 10% los límites de la base imponible de las deducciones vigentes. Esta medida ya se podrá aplicar en el ejercicio fiscal de 2022.

 

Entre otros, se trata de deducciones vigentes, por gastos escolares de hijos de hasta 6 años; para cursar estudios superiores fuera de la isla de residencia habitual; por alquiler de vivienda habitual por varios colectivos (menores de 36 años, personas con discapacidades y familias numerosas, este año ampliada a familias monoparentales con dos o más hijos o con un hijo con discapacidad); por inversiones en la sostenibilidad de la vivienda habitual; por el alquiler de vivienda derivada del traslado temporal por motivos laborales; por adquisición de libros de texto; por aprendizaje de idiomas extranjeros; o por donaciones relativas al mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico.



El Decreto Ley también prevé beneficios fiscales a determinadas tasas portuarias de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que afectan las embarcaciones profesionales pesqueras y las navieras de los barcos de transporte de mercancías, durante el primer semestre de 2022.

 

En el caso de las embarcaciones profesionales pesqueras, se los exonera de la tasa de suministro de agua y energía eléctrica y de la tasa de almacenamiento. Durante la pandemia por la COVID-19, estas dos tasas se bonificaron al 50%. También se bonifica en un 50% la tasa portuaria, relativa a los beneficios de la venta del pez. Esta tasa no se bonificó durante la pandemia.

 

Así mismo, también se prevé una rebaja del 50% de la tasa portuaria de las navieras de los barcos de transporte de mercancías que presten servicio regular con destino a puerto de competencia autonómica.


Además, también se incorporan otros beneficios fiscales en relación a los vehículos eléctricos y híbridos. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se introduce un tipo reducido para la compra de estos vehículos –un tipo del 0% en el caso de vehículos de emisiones cero y del 2% en los clasificados como vehículos ECO-. En consecuencia, también se aplica una reducción del 50% y el 25% respectivamente del valor de estos vehículos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.



En materia energética, el Govern considera que acelerar la transición energética se presenta como la mejor opción en el medio y largo plazo para dejar de depender de combustibles fósiles que vienen del exterior, víctimas de precios volátiles y además contaminantes.

 

El Govern introduce el derecho al autoconsumo de los ciudadanos y ciudadanas de las islas, es decir, el derecho a producir y consumir nuestra propia energía respetando la integración de estas en entornos patrimoniales que tendrán que delimitar los consells insulars.

Así mismo, se declaran de interés autonómico las instalaciones renovables con la modificación de la disposición final cuarta, que introduce modificaciones en la Ley de cambio climático y transición energética, a fin de declarar los proyectos de generación de energías renovables como inversiones de interés autonómico, para reducir el plazo de los trámites para llevar a cabo las instalaciones de estas energías renovables.

 

También se pretende acelerar la adecuación de las redes para la implementación de las instalaciones renovables y reducir los plazos de ejecución para llevar a cabo las actuaciones que requieran de declaración de utilidad pública; todo esto para avanzar en la independencia energética de forma acelerada.

 

Por otro lado, el Govern, habilita varias medidas para la revisión de contratos públicos, ante la escalada de precios, para compensar a las empresas contratistas de la administración y asegurar el equilibrio económico de los contratos y los servicios afectados en los casos en que se haya producido una alteración extraordinaria e imprevisible –superior al 6%- de los precios de los materiales que se habían tenido en cuenta en el momento de formalizar el contrato.

 

Estas medidas se extienden a los contratos administrativos y privados de la Administración de la Comunidad Autónoma que se hayan ejecutado o se encontraran en ejecución a partir de la fecha del 1 de enero de 2021 –únicamente se excluyen los contratos menores- y serán aplicables en los contratos de los consells insulars y los ayuntamientos de las islas, sin perjuicio de la autonomía local e insular, y en los contratos del sector público autonómico, siempre que así lo acuerden sus órganos competentes.

 

Así mismo, en el ámbito del transporte, y para hacer frente al encarecimiento de los costes por combustible, a partir de la entrada en vigor de este Decreto se reconoce a los concesionarios de los servicios de transporte interurbano regular de viajeros en autobús de Mallorca la posibilidad de una revisión excepcional del precio del contrato de concesión, que recoja el incremento del coste del consumo de gas natural comprimido.

 

La vigencia de la referida revisión excepcional del precio será hasta que se apruebe una fórmula tipo de aplicación en los contratos de transporte regular interurbano de viajeros por carretera con vehículos propulsados por motor de combustión interna alimentado con gas natural comprimido, y una vez modificadas las correspondientes concesiones. La revisión extraordinaria del precio del contrato se llevará a cabo durante su periodo de vigencia en cada liquidación mensual a partir del 1 de marzo del 2022.

 

Así mismo, en vivienda, y ante el incremento que han sufrido los precios de los materiales de construcción, agravado durante el primer trimestre de 2022, se posibilita la actualización de los módulos de precio máximo de vivienda de protección oficial para recuperar la promoción privada de vivienda de protección oficial. Estos precios no se habían modificado desde el 2008 y, ante el incremento de costes, hacían inviable la construcción en muchos casos de la promoción privada de vivienda de protección oficial.

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