La Audiencia de Palma juzgará desde el 8 de octubre a 82 controladores aéreos acusados de sedición y coacciones, y alternativamente de abandono del servicio público, por el caos en los aeropuertos baleares generado cuando dejaron de realizar sus funciones en el primer fin de semana de diciembre de 2010.
Las Audiencia balear ha celebrado hoy una vista previa con las partes personadas en la causa en la que ha fijado el juicio para los días 8 a 11 de octubre, 3 a 5, 10 a 13 y 17 a 21 de diciembre.
Aunque muchos de los acusados están dispuestos a aceptar delitos y pactar condenas menores que las que solicita la Fiscalía, que llegan a los 4 años de cárcel, la discrepancia de algunos de ellos bloquea un acuerdo de conformidad conjunto.
El año pasado, el juez que instruyó la causa ordenó la apertura de juicio contra los 82 controladores en un auto en el que fijó una fianza de 3 millones de euros que posteriormente fue anulada por la Audiencia.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron al inicio del puente de la Constitución de 2010, tras varios meses de conflicto laboral entre el ente público de gestión aeroportuaria, Enaire, y el colectivo de controladores por la regulación de las jornadas de trabajo.
El instructor apreció "indicios bastantes" para entender que varios representantes sindicales convocaron a los controladores de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca y como medida de presión a AENA y al Gobierno "decidieron, de forma conjunta y coordinada, en las asambleas que tuvieron lugar en los tres aeropuertos, paralizar el tráfico aéreo español sin tener en cuenta las repercusiones que ello tendría".
El juez instructor apreció indicios de que los controladores decidieron de forma coordinada paralizar el tráfico aéreo sin tener en cuenta las repercusiones
Decidieron "simular incapacidades psicofísicas para el trabajo", según recogió el auto, que indica que los controladores investigados que debían irse incorporando a los turnos programados el 3 de diciembre en los tres aeropuertos, en su mayoría alegaron incapacidad por estrés y ansiedad que les impedían ejercer sus funciones, otros no se presentaron al servicio y otros no fueron localizados.
Esta situación dio lugar a retrasos y cancelación de vuelos, falta de información, desconcierto de los pasajeros y se declaró el cierre del tráfico aéreo, "provocando numerosos perjuicios materiales y morales".
Lo mismo ocurrió en el turno de mañana del día 4, hasta que el Gobierno decretó el estado de alarma, lo que provocó que la mayoría de controladores se reincorporasen a sus puestos de trabajo en los tres aeropuertos de Baleares y la reanudación del tráfico.
El juez entendió que los hechos "pueden ser constitutivos de delito y no ser tratados como un mero conflicto laboral". En concreto, apuntó al delito de sedición de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, porque los controladores de los tres aeropuertos de Baleares "se concertaron, instigados por los representantes sindicales, iniciando una huelga salvaje encubierta, eligiendo los días que más perjuicios podían causar al tráfico aéreo".
Para no causar indefensión a los acusados y evitar nulidades que retrasen más la causa, el magistrado también abrió juicio oral de forma alternativa por el delito de abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y coacciones.
Junto a la Fiscalía, ejercen la acusación particular cuatro grupos distintos de afectados y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) como acusación popular.
La Fiscalía acusa por un delito de abandono de funciones y, alternativamente, por sedición. Considera autores del delito a 51 controladores aéreos y cooperadores a otros 30 y además ha pedido el archivo de la causa para dos de los investigados.
Por el delito de abandono de funciones, el ministerio público solicita que se impongan a los acusados penas de multa de 36.000 euros a cada uno y dos años de suspensión para el ejercicio de la actividad de controlador aéreo.
De forma alternativa, y en el caso de que se estime que los hechos constituyen un delito de sedición, la Fiscalía pide una pena de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la navegación aérea durante el tiempo de la condena.
Pide también que indemnicen de forma conjunta y solidaria a 279 perjudicados por los gastos y por los perjuicios morales por no poder disfrutar de sus vacaciones.
Las acusaciones particulares formulan distintos escritos en los que unos acusan a 84 controladores, otros a 76, y algunos piden penas diferentes para los representantes sindicales y para los demás. En conjunto, las penas que piden oscilan entre multas de 108.000 euros para cada acusado y 11 años de prisión.
Las indemnizaciones que reclaman van desde 30.500 euros de una de las acusaciones a 2.937.904 euros de la que más solicita
