Crear un agroturismo será un poco más dificil a partir de ahora en virtud de las restricciones fijadas por el Govern en el Decreto Ley de medidas territoriales y que afectan a la Ley agraria vigente hasta el momento.
A partir de ahora se adopta la ley turística para regular los agroturismos y se mantiene como actividad complementaria de una explotación agraria de esta manera, se acaba con la doble normativa. Para ello precisará de una declaración de interés general.
Los edificios que se destinen a esta actividad tendrán que estar ubicados en edificaciones construidas antes del 1 de enero de 1960, situadas en una finca rústica de una superficie mínima de 21.000 m2.
Por otra parte se vuelve a imponer la obligación de declaración de interés general para las actividades que no son propias del suelo rústico. En todo el suelo rústico, especialmente en el protegido, los consell insulares serán los competentes a la hora de dar los permisos correspondientes.
El decreto ley limita las exoneraciones de la exigencia de parcela mínima, y quedan únicamente para explotaciones agrarias prioritarias, infraestructuras de regadío o en los invernaderos. De la misma manera queda sin efecto la posibilidad de segregar en suelo rústico por debajo de la unidad mínima de cultivo.
El conseller de Agricultura ha hecho mención especial a la actividad ecuestre, un sector con fuerza en Mallorca donde hay registrados más de 30.000 equinos. Las actividades ecuestres se considerarán actividad complementaria de la explotación agraria siempre que no tengan carácter comercial, de restauración o de espectáculo.
Por lo tanto, no será posible ya construir un complejo privado con campo de polo y oferta complementaria. En ningún caso se permitirá ningún tipo de juego o apuesta sobre estas actividades. Los campos de polo se prohíben.
Eso si, se mantiene la posibilidad de nuevas actividades, como a la venta directa de productos de una explotación, pero se limita su superficie pasando de 150 a 75 metros cuadrados.
Con estas medidas el conseller Vidal espera "hacer compatible la competitividad del mundo rural, abrir la posibilidad de nuevas actividades y a la vez preservar la naturaleza y los usos propios de este suelo". Ante todo se quiere evitar que el campo no quede invadido por actividades ajenas, como permitía la norma en vigor y que otros usos echen al payés del campo".
