El patrimonio de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) bajó un 9,5% en 2018, con lo que encadena caídas por tercer año consecutivo, en un momento en que arrecian las críticas a este tipo de vehículos de inversión, que los partidos políticos sitúan como el paradigma de la elusión fiscal.
El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 que el Gobierno entregó el lunes en el Congreso traslada desde la CNMV a la Agencia Tributaria la supervisión de estas sociedades, especialmente para hacer más estricto el control sobre la identidad de los partícipes.
Estas sociedades deben tener un mínimo de 100 integrantes y los críticos entienden que en realidad son vehículos de grupos reducidos de inversores que completan el resto, hasta la centena, con los llamados "mariachis". Tributan al 1% y deben tener un patrimonio mínimo de 2,4 M€.
Según los datos de la consultora VDOS, el patrimonio de las sicavs acabó 2018 en 28.193 M€, un 9,5% menos que un año antes, y lejos de los 34.525 millones de cierre de 2015, el mejor año desde el inicio de la crisis en 2007.
La caída en el patrimonio de las sicavs en 2018 se produjo por el efecto combinado de las pérdidas de las carteras en 2.300 millones y de los reembolsos netos en más de 650 M€.
La evolución a la baja del patrimonio se produjo también en fondos de inversión, aunque de forma más moderada (cayó un 2,4%), porque aunque el rendimiento de las carteras fue igualmente negativo, quedó parcialmente compensado por las captaciones positivas de fondos.
También el número de sociedades ha ido en descenso, desde las 3.372 de diciembre de 2015 hasta las 2.753 al final de 2018.
Las caídas tanto en el número de sociedades como en el patrimonio tiene que ver, según coinciden analistas del mercado de fondos, con la incertidumbre normativa que rodea a estos vehículos, aunque la evolución bajista del mercado en 2018 también influye.
La controversia en torno a estos instrumentos de inversión recorre prácticamente todo el arco parlamentario, con propuestas para endurecer sus condiciones legales y fiscales, pero especialmente en el ala más a la izquierda, que aboga por su supresión.
El PP propuso en su día elevar la participación mínima de cada partícipe hasta el 0,55% para evitar los "mariachis" y así lo pactó con Ciudadanos en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de agosto de 2016, aunque esta modificación nunca vio la luz.
Antes, en febrero de 2016, PSOE y Ciudadanos habían pactado un acuerdo de Gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, que no salió por falta de apoyos parlamentarios.
Ahí apostaban por devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las sicavs, que también se recogía en el pacto del PSOE con Podemos para la investidura -exitosa en este caso- de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en junio de 2018, y que ahora se ha incluido en el Proyecto de Presupuestos.
Pero el PSOE quería ir más allá, porque en su programa para las elecciones de junio de 2016 recogía otras medidas para penalizar las sicavs, que suponían en la práctica la desaparición de estos vehículos, según los expertos.
En algunas comunidades autónomas la eliminación ya es una realidad: en 2009 el Gobierno vasco, compuesto por PSE, PNV y Hamaikabat (una formación nacionalista de izquierda ya desaparecida) acordó elevar la tributación de las sicavs al tipo general del impuesto de sociedades, lo que, en la práctica, significó su desaparición.
Seis años después, el Gobierno de Navarra -formado por Geroa Bai, Podemos, Izquierda Ezquerra y EH Bildu- siguió el mismo camino.
La patronal del sector de la inversión colectiva, Inverco, destaca que la cara B de este endurecimiento y del traslado del control a la Agencia Tributaria es la salida de capitales hacia otros países con mejor tratamiento fiscal de estos instrumentos financieros, regulados desde hace más de 30 años por directivas europeas.
