Después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara aclarar o complementar su fallo, la treintena de entidades involucradas -algunas ahora integradas en grandes grupos- han elevado al Alto Tribunal la sentencia de la macrodemanda que inició hace nueve años la asociación de consumidores Adicae.
El pasado noviembre, la sección 28 de la Audiencia madrileña aplicaba la doctrina impuesta a finales de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obligó a reconocer la total retroactividad a los afectados por las cláusulas suelo comercializadas sin transparencia.
La sala ampliaba de este modo la protección ya concedida dos años antes por un juzgado de lo Mercantil que, aunque se posicionó del lado de los clientes, aplicó la doctrina del Supremo entonces vigente que limitaba las posibilidades de reintegro al 9 de mayo de 2013.
En sus escrito entidades como Sabadell reprochan dicho criterio en tanto que sus ofertas "no son extensas ni farragosas" ya que "en tan sólo cuatro páginas" aparece reflejada la información relevante en bloques "que no enmascaran la cláusula".
Por ello, el banco, que carga contra la acción colectiva de Adicae, defiende que los "suelos" eran conocidos "no sólo en el plano gramatical, sino también en cuanto a su contenido y efectos", gracias a la información proporcionada que los hipotecados "pudieron examinar con antelación suficiente a su firma".
En términos más prolijos se pronuncia el Santander, en calidad de heredero del Banco Popular, Banco Pastor, Targobank y Popular-e, que sostiene que la falta de transparencia sólo es "el punto de partida" para analizar el posible carácter abusivo de la cláusula, no una causa directa de nulidad.
Por tanto, frente a lo dictado por la Audiencia Provincial, "la cláusula suelo que no supere el control de transparencia, pero sí el de abusividad será válida", apunta el recurso, que asevera que dichas entidades actuaron de buena fe y niega la existencia de "desequilibrio" entre las partes.
Alegatos similares presenta Bankia, en nombre del absorbido banco BMN, que afea ante el Supremo la "indebida acumulación" de acciones legales por parte de Adicae frente a "una multitud de entidades financieras" -antes de los procesos de fusión- con ofertas distintas y conductas de contratación diferentes.
En este sentido, insiste en que la segunda instancia "no ha analizado de un modo individualizado y singular todas las cláusulas", hasta el punto de que en su sentencia no hay "ni una sola referencia específica" a la comercializada por BMN.
Con el periodo para presentar recursos ya concluido, Adicae lamenta que en vez de aprovechar la ocasión para "lavar su imagen, la banca hunda su ya lastrada reputación" acudiendo a la casación.
Para la asociación que preside Manuel Pardos, los bancos siguen empeñados "en no dar su brazo a torcer" con las cláusulas suelo, a pesar de que si obtienen un nuevo fallo en contra "tendrán que pagar los intereses de nueve años que dura el proceso".
Unos 15.000 perjudicados están adheridos a la causa promovida por Adicae, que durante su tramitación ha estimado el perjuicio anual medio en 2.000 euros y el posible impacto para el sector en unos 1.000 millones.
De las 32 entidades sobre las que se pronunció la Audiencia Provincial, 27 se han dirigido a la sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en los próximos meses será la encargada de emitir el veredicto final.
