El Estado ha transferido a Cataluña más de 91.000 millones de euros para el pago de pensiones y prestaciones durante la legislatura, de los que 13.000 millones han procedido "de la solidaridad del resto de España, porque no se cubrían con las cotizaciones de los españoles que viven allí", ha dicho la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
En una entrevista en RNE, Báñez ha señalado que eso no significa que el Gobierno financie a los independentistas, sino que "hace lo que tiene que hacer, atender a todos los españoles, independientemente del lugar en el que vivan".
"Cataluña es mucho más que Mas y que los independentistas", ha indicado, por lo que "el Gobierno ha trabajado para los españoles, vivan donde vivan en este país", garantizando servicios públicos de calidad como educación, sanidad, servicios sociales, pensiones, prestaciones y subsidios por desempleo.
Por eso, ha añadido, "vamos a seguir manteniendo los servicios públicos fundamentales en Cataluña, porque es nuestra obligación y nuestra convicción".
La ministra ha valorado la reunión que mantendrá mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los representantes de las principales organizaciones sindicales y empresariales para abordar el desafío independentista catalán, porque éstos representan a la parte de la sociedad civil, a los trabajadores y las empresas.
"Los agentes económicos necesitan seguridad jurídica", ha dicho Báñez, porque sin ella "no hay progreso ni empleo", por lo que ha opinado que patronal y sindicatos, "cada uno desde su perspectiva ideológica, tienen clara la importancia de la ley y del marco jurídico de consenso de la Constitución".
"Todos -patronal y sindicatos- coincidimos en la unidad de España y de la legalidad", ha subrayado.
Preguntada por la posibilidad de que los funcionarios catalanes puedan desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) si impide la votación de la resolución independentista, la ministra ha recordado que ellos, al igual que cualquier cargo público, deben respetar la ley y cumplirla.
